Organizaciones católicas y sociales denunciaron públicamente una serie de prácticas ilegales e injustas cometidas por militares y agentes de la Dirección General de Migración en la República Dominicana. Estos actos tuvieron lugar durante un operativo de deportación de haitianos en Villa Guerrero, la comunidad de Santa Lucía, Km. 2 y Km. 8, municipio de Santa Cruz de El Seibo.
Según informes recopilados por estas organizaciones, se han reportado casos de secuestro de niños y mujeres embarazadas, así como el robo de dinero, celulares y otros bienes por parte de los agentes de migración y militares. Estos abusos constituyen una violación flagrante de los derechos fundamentales de las personas afectadas y han generado un clima de temor e inseguridad en la comunidad.
Ante esta situación, las organizaciones religiosas y sociales exigen a las autoridades dominicanas que pongan fin de inmediato a estas prácticas violatorias de los derechos humanos y garanticen procesos administrativos transparentes y justos para todas las personas involucradas. Asimismo, hacen un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas concretas para proteger a los más vulnerables.
Es importante destacar que estas deportaciones se llevaron a cabo en violación del Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación de 1999, el cual prohíbe las deportaciones en horas de la madrugada. Además, se denuncia la detención abusiva de personas con documentación que acredita su residencia regular en República Dominicana.
Las instituciones firmantes, que incluyen la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, la Red Jesuita con Migrantes, los Misioneros Dominicos, la Conferencia Dominicana de Religiosos, Acción Verapaz y la Arquidiócesis de Santo Domingo, hacen un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que ordene el cese inmediato de estas prácticas, las cuales, en muchos casos, están dirigidas hacia la extorsión y el hurto.
Además, se destaca la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana, quienes se encuentran en un limbo jurídico después de haber sido beneficiarios de la Ley 169-14, promulgada para solucionar los efectos de la Sentencia 168-13, que despojó retroactivamente del derecho a la nacionalidad a más de cuatro generaciones de estos ciudadanos basándose en el origen de sus padres.
